Si lamentable resulta que un gobierno municipal tome decisiones unilaterales sobre la supresión del único reconocimiento institucional que les queda a los inmigrantes sin papeles para poder acceder a los mínimos servicios que permiten la dignidad de un individuo, aún más lamentable es que toda reacción política se quede en la demagogia de la legalidad o no de una decisión como esta. Sea o no una decisión legal -que no lo es, ya que sólo al estado y no a los municipios corresponde el control de entrada de inmigrantes o su permanencia en condiciones irregulares-, de lo que sí se trata es de que la medida es inaceptable desde el punto de vista democrático y moral.
